Este fin de semana se ha celebrado en Madrid el Plan b. Es la constatación de que es necesario la construcción de otra Europa, y que esta es posible con voluntad polítca.
En este sentido, esta semana se inagura semestre en la Comisión Europeo y nosotras debemos tomar parte.
España atraviesa la mayor
crisis económica, política, laboral e institucional de la historia reciente. Esta
situación es similar a la de muchos países de la UE. La crisis financiera de
2008 y la gestión que han hecho tanto los Gobiernos del PSOE y del PP
desencadenaron la etapa más negra de nuestra historia social reciente. Tras
unos cuatro de durísimas políticas económicas, los recortes del gasto en
educación, sanidad, pensiones, vivienda, servicios sociales, dependencia, cultura
e investigación se han revelado tremendamente injustos e ineficaces.
Ahora, a diferencia de
otros países del sur de Europa con los que compartimos tan precaria situación, nos
encontramos tanto la posibilidad única de construir un gobierno con
intencionalidad de consensos amplios y necesarios para nuestro país.
Un gobierno debe priorizar
el rescate de las personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad
extrema. Es prioritaria la creación de un empleo digno y con derechos y la
reversión de los recortes en los servicios públicos que se han llevado a cabo
durante los últimos años.
En el comienzo de este
nuevo semestre, la Comisión ha
establecido una serie de prioridades que están directamente vinculados a las
cuestiones relativas derechos sociales y laborales. Para lograr una concreción política, que se
pueda manifestar en una suficiencia presupuestaria hay repensar el Pacto de Estabilidad y
Crecimiento. La incapacidad y rigidez con la se mantienen políticas de
austeridad macroeconómicas y de estrangulamiento de la inversión pública hacen
que este marco sea injusto e ineficiente para el mejoramiento de la situación
europea. En este sentido, es preciso que el BCE renegocie por un lado el Pacto
de Estabilidad y que se aborde de manera clara el pago de la deuda y los plazos,
que ahora mismo son un lastre para el crecimiento de las economías del sur.
En tanto que
esto se replantee de manera consensuada, (ojala que pueda ser este semestre),
será posible poner sobre el tablero la
necesidad de una UE que vele por los intereses y necesidades de sus ciudadanos.
Una UE más democrática que proteja los derechos, que no acepte la vulneración
de soberanía que supone el TTIP o el TISA, pero también una Europa unida en lo
social, que apueste de manera decidida en romper con la brecha de desigualdad e
injusticia mediante un plan de emergencia contra la pobreza, el desempleo y la
perdida de servicios sociales básicos.
Es el tiempo
político de hablar de la gente, de recomponer la ciudadanía europea desde la democracia
y la participación, y dejar de insistir en la receta única de la austeridad, la
flexibilización, los recortes y la degradación de derechos sociales, políticos y
económicos.